En la edición del 26 de marzo de la revista The Economist, Christine Lagarde,presidenta del Banco Central Europeo (BCE), al referirse a la situación derivada del conflicto en Medio Oriente, afirmó: “El daño es ya demasiado grande”, y advirtió que “nos enfrentamos a una verdadera conmoción (…) que probablemente vaya más allá de lo que hoy podemos imaginar”.
Lagarde sostiene que los mercados están subestimando la magnitud del shock económico actual. A su juicio, la disrupción va mucho más allá del petróleo: afecta las cadenas de suministro globales e incorpora riesgos inesperados. Además, su impacto será gradual y acumulativo, con efectos prolongados en el tiempo. Su idea central es contundente: no estamos ante un shock transitorio clásico, sino frente a una perturbación de carácter estructural. En la misma línea, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, durante una conferencia en Tokio el pasado 9 de marzo, llamó a los gobiernos a “pensar en lo impensable y prepararse para ello”. Su planteamiento es que, incluso si el conflicto actual se modera, el nuevo entorno global seguirá generando shocks sucesivos. Según el FMI, un aumento persistente del 10% en el precio del petróleo durante la mayor parte del año podría elevar la inflación global en 40 puntos básicos y reducir el crecimiento mundial en una décima de punto. Vistas en conjunto, ambas posiciones apuntan a una transición de fondo en el entorno global. Lagarde insiste en que ya no enfrentamos únicamente riesgos cuantificables, sino una transición hacia un mundo de “incertidumbre genuina”, donde la estructura del entorno internacional se vuelve menos predecible. Georgieva coincide al señalar que la preparación ya no puede basarse solo en escenarios centrales, sino que debe contemplar escenarios extremos.
Esta convergencia de advertencias no debería pasar desapercibida para las autoridades económicas de ningún país. En particular, la República Dominicana llega a esta nueva coyuntura internacional con una economía desacelerada. El crecimiento de 2025 —en torno a 2.1%— estuvo muy por debajo de su potencial histórico, lo que implica que el margen para absorber nuevos shocks externos es limitado. El país importa el 100% del petróleo y sus derivados; y por consiguiente, cualquier aumento sostenido en el precio se traduce en presiones inflacionarias, deterioro de la balanza comercial, tensiones fiscales y menor crecimiento económico. El impacto no se limita al precio de los combustibles. Se extiende al transporte, a la generación eléctrica, a los costos de producción agropecuaria —a través de los fertilizantes— y, finalmente, al costo de la vida. En un contexto donde el ingreso real de los hogares ya está bajo presión, esto puede intensificar las tensiones sociales. A nivel fiscal, el dilema es igualmente complejo. El Gobierno puede optar por subsidiar los combustibles para contener la inflación, pero ello implica un costo creciente para unas finanzas públicas ya tensionadas. Alternativamente, puede trasladar el aumento a los precios internos, afectando directamente a consumidores y empresas. No hay una salida sin costos. En el plano monetario, el desafío tampoco es menor. Si la inflación importada se intensifica, el Banco Central dispondrá de menos espacio para flexibilizar su política, incluso en un contexto de bajo crecimiento. A esto se suma un entorno externo menos favorable. Un menor crecimiento en Estados Unidos y Europa implica menor dinamismo para el turismo, las exportaciones y la inversión. En otras palabras, el país enfrenta simultáneamente un shock de costos y un debilitamiento de la demanda externa.
